UPAD: con rumbo al camino de servidumbre


Quienes conocemos la historia universal y la historia patria no podemos mantenernos en el silencio y sigilo de no llamar la atención ante los riesgos que conlleva que un Presidente de la República y su séquito de subalternos se auto eroguen el derecho de recabar información pública o privada de los ciudadanos.

La historia universal está plagada de casos donde el primer magistrado de la nación ha movido sus hilos de poder para acaparar y concentrar el dominio sobre las masas. Para ello empleando diversas estratagemas que llevan a un mismo resultado: tiranía y totalitarismo.

En la antigua Roma el senado romano en contadas ocasiones otorgó el poder suficiente sobre un magistrado para que actuase según sus criterios ante una emergencia, ya sea militar, porque existía algún riesgo de invasión o pérdida de algunas las provincias del imperio, o bien cuando por cuestiones internas las obras necesarias para que el imperio avanzase hacia una mejoría se imposibilitaban por la oposición de algunos poderes o grupos de individuos.

El senado romano depositaba el poder en ese magistrado y dictaba las acciones a seguir, además de que al poco tiempo se vio que en algunas ocasiones este poder dictatorial se volvía represivo y mas bien se imponía en el bien común del Estado romano. La solución que tuvieron los senadores fue el obligar al dictador a transitar solamente por el sendero de los temas o ámbitos en los cuales se le había dado el sumo poder, no más. El dictador se veía obligado a renunciar a su cargo al cumplirse 6 meses de su mandato.

Fue el dictador una figura necesaria en la Roma antes de Julio César, siempre y cuando este se apegara a sus obligaciones y respetase los acuerdos democráticos de la República.

Con el paso de los siglos, Occidente ha dado muestra en reiteradas ocasiones de querer desvirtuar los valores griegos y romanos que dieron origen al mundo civilizado, liberal y pacífico; como son el respeto por el individuo -principal y única minoría que debe ser resguardado de los abusos del poder del Estadoy de los administradores y gerenciadores del Estado, es decir, los políticos.-, el respeto por la independencia de poderes.

Griegos y romanos crearon por sí mismos los mecanismos que impedían que sus ciudadanos, es decir, los individuos, fuesen sometidos a abusos de poder por parte de otros. Para ello se creó el imperio de la ley, y se construyeron instituciones que permitiesen que quien ostentase el poder político sobre el Estado, tuviese quien lo vigilase y pusiese un alto. Esto fue así, porque fácilmente la figura del dictador romano podía degenerar en abusos de poder y violaciones de las libertades individuales.

Las sociedades crearon poderes que aunque relacionados unos con otros, se separan en los ámbitos en que cada uno puedan trabajar. Los individuos al vivir en sociedad legaron el derecho de la utilización de la fuerza como medida para asegurar la represión de quienes abusan de otros.

La justicia fue delegada a un grupo de habitantes para que bajo conceptos que en un principio fueron la justicia, determinasen quienes transgredían las normas. En el Presidente, Primer Ministro, y cuerpo ejecutivo se depositó el poder de EJECUTAR las acciones necesarias para mantener, mejorar y defender a los ciudadanos, en ningún momento se le dieron a este grupo de gentes, el poder de violar la privacidad de los individuos o de robar la propiedad privada de la gente.

El problema con un decreto presidencial para crear una unidad de recolección de datos públicos y privados llamada UPAD es más un tema de índole moral y filosófico.

El pueblo deposita el derecho y el poder en un sujeto y en un grupo de sujetos para que mejore, perfeccione, defienda y lidere las intenciones y libertades de los individuos, no para que persiga a la gente ni nos espíe de forma descarada. Es allí donde está el principal hecho que se convierte en un oprobio y una sinverguenzada.

A parte de que las acciones para recabar información y espiar a la gente, ello se convierte en uno de los tantos pasos que el actual gobierno ha dado para restringir las libertades y atentar contra la propiedad privada, haciendo gala a su ideología comunista y de querer implantar economía socialista centralizada. El hecho de crear esta oficina espiatoria se encumbra como una violación flagrante contra el principio de división de poderes que está en los genes del mundo civilizado occidental. ¿Cómo no han podido verlo las instituciones y sus burócratas todo este tiempo?

En un país civilizado que respeta las libertades, las instituciones y el estado de derecho, ya se habría iniciado un proceso de destitución del Presidente, veamos el caso de los EE.UU.; pero como somos un país socialista, año con año hemos convertido este país en un perfecto experimento del socialismo que siempre trae los mismo resultados: la ruina, el abuso del poder, pobreza y estancamiento.

Para recabar información pública ya existen instituciones que tienen el derecho y la obligación de hacerlo. Si fuese cuestión de seguridad nacional el querer recabar datos, bien, ya existe una policía de inteligencia, o bien una policía judicial. ¿En qué momento la sociedad le dio el derecho y el poder dictatorial al Presidente para se inmiscuya en la vida privada de las personas?

Acá a parte de la indignación que debería ser generalizada en la población, los burócratas que dirigen los restantes poderes deberían ser los segundos en alzar la voz e iniciar los debidos procesos contra el Ejecutivo por violar la Constitución Política y por auto erogarse el derecho de realizar tareas que no le competen. Estamos ante una encrucijada moral que puede desmoronar los ya derruidos principios fundacionales de la República y la democracia.

Después de colectar la información privada de los ciudadanos, ¿qué viene? ¿Un toque de queda? ¿Campos de concentración como los que Calderón Guardia y los comunistas crearon en 1940? ¿Creación de milicias o patotas para reprimir a la gente como las diseñadas por los comunistas y republicanos en 1947 llamados “mariachis”? ¿Asesinatos? ¿Extorsión?

Costa Rica estuvo a un pelo de caer en una dictadura tras los dos gobiernos del Partido Republicano del doctor Calderón Guardia, Teodoro Picado, Manuel Mora y los comunistas durante el decenio de 1940, hecho que a punto de consumarse fue repelido por un grupo de valientes defensores de la libertad y la lucha anti comunista en 1948, costándonos mucha sangre que hoy no podemos deshonrar y permitir que personas anti liberales y maestros de la poética comunista quieran destruir los derechos civiles.

Como costarricenses hemos tenido que pagar un precio muy alto por nuestra libertad como para venir a rendirnos ante la retórica barata del socialismo-comunismo actual.